"El mejor de los escenarios es que nos capture el Estado". Ángel Flores lo dice sin temblor, como quien enumera opciones posibles y elige la menos grave. Y no lo dice por heroísmo, es una conversación sobre meras probabilidades. Una conversación cada vez más recurrente en El Salvador desde mayo de 2025, el mes en que el gobierno del presidente Nayib Bukele provocó una salida masiva de periodistas y defensores de derechos humanos. Los que quedaron saben —o creen poder calcular— cuál es el costo de su resistencia.

Ángel se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la defensa de la tierra en el oriente del país. Es coordinador regional del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), una de las organizaciones más vocales en la lucha contra el despojo del territorio por la construcción de megaproyectos del Estado.

Desde 2021, cuando el Gobierno de Bukele anunció la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión, al oriente del país, Ángel se convirtió en una presencia incómoda. El megaproyecto prometía desarrollo, pero las comunidades preguntaban por sus casas, por sus cultivos, por el agua, por la compensación del Estado. Ángel empezó a organizar reuniones, a tender puentes entre cantones dispersos, a explicar derechos que existen solo en papel pero en la práctica se negocian: vivienda, indemnización justa, consulta previa, medio ambiente. Derechos básicos.

Después del acompañamiento en cada fase del desalojo contra cientos de familias en las comunidades de El Condadillo y Flor de Mangle, ubicadas en zonas estratégicas para el proyecto estatal, el nombre de Ángel Flores saltó a otros espacios.

Primero vinieron los ataques en redes sociales. Después detectó seguimientos: vehículos que aparecían demasiado seguido, rostros desconocidos en reuniones comunitarias, policías tomándole fotografías a los campesinos, agentes de la Fiscalía preguntando por líderes locales, y hasta restricciones en procesos judiciales por la tenencia de la tierra.

Pero la represión escaló desde el día uno del régimen de excepción, la medida más publicitada del "modelo Bukele" de seguridad. El 27 de marzo de 2022, día en que la Asamblea Legislativa afín a Bukele le dio poderes excepcionales al Estado, la Policía Nacional Civil capturó a dos defensores de MILPA: José Abel Claro Martínez, un miembro de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de Nuevo Amanecer; y a Walter Francisco Paz, activista de la comunidad.

El 9 de junio de 2023 la Policía capturó a uno de los fundadores de MILPA, Óscar René Martínez Iglesias, un pescador a quien acusaron sin pruebas de pertenecer a pandillas. Los tres defensores se oponían a la construcción del Aeropuerto.

Ni la Policía ni la Fiscalía General de la República explicaron los delitos de los que se acusa ni los motivos tras la captura de los defensores.

📷 Fotografía: Óscar René Martínez Iglesias

Óscar René Martínez Iglesias, padre de dos niños pequeños, es integrante de la comunidad Nuevo Amanecer, en territorio Lenca de La Unión, emblemática por su lucha por la tierra y el acceso a vivienda digna. / UNT.

El régimen de excepción, prorrogado ya decenas de veces por cuatro años consecutivos, suspende tres garantías constitucionales y permite detenciones sin una orden judicial. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que el régimen ya dejó de ser una medida excepcional, y expertos independientes sostienen que la medida ha propiciado violaciones masivas de derechos humanos: capturas arbitrarias, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La represión estatal no ocurre en el vacío. Para Ángel, esta se articula con otros actores que disputan el control del territorio: grupos empresariales y estructuras del crimen organizado que aprovechan la inacción institucional para avanzar sobre tierras de comunidades indígenas y campesinas.

Un mes después del arresto del fundador de MILPA en la comunidad de El Icacal, el 12 de julio de 2023, la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico, S.A. de C.V. comenzó a cercar amplias zonas de la playa, declarándolas propiedad privada. Entre las áreas intervenidas hay manglares registrados oficialmente como Área Natural Protegida, así como terrenos costeros habitados históricamente por familias locales. El objetivo: desarrollar un proyecto turístico en la zona.

En paralelo a este proceso, la persecución contra la resistencia comunitaria se intensificó. Hasta la fecha, seis pescadores vinculados a la defensa de esa comunidad han sido arrestados, y cinco de ellos continúan en prisión.

Pero la violencia también escaló por otras vías. En noviembre de 2023, hombres encapuchados que se movilizaban en un pick-up gris irrumpieron en la vivienda de una familia de la comunidad. Les apuntaron con armas de fuego y los amenazaron: si no se van, serán asesinados.

Porque en los territorios se vive esto, Ángel insiste en que el mejor escenario es que lo capturen. Porque es consciente que hay otros peores: la violencia del crimen organizado y empresarios privados que ya les han mostrado su fuerza y sus recursos; y un Estado que no protege, sino que amordaza, persigue y criminaliza.

Nayib Bukele ha negado rotundamente la existencia de represión o persecución a voces críticas en su gobierno. En septiembre de 2024, ante las Naciones Unidas, aseguró: "En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas".

Su discurso contrasta con la realidad: desde 2019, el gobierno salvadoreño ha impulsado ataques y la estigmatización de voces críticas, ha ahogado legalmente a las organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan sus acciones, ha arrestado a más de una treintena de personas defensoras de derechos humanos y ha provocado el exilio de cientos de salvadoreños por motivos políticos.

Cómo se cerró el cerco: deslegitimar, asfixiar y perseguir

El modelo de seguridad de El Salvador se ha vuelto un referente para la región. El país pasó de ser nombrado como la "capital mundial de homicidios" en 2015, con una tasa récord de 105 asesinatos por cada 100,000 habitantes; a alcanzar un mínimo histórico de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025.

Citando estas cifras, líderes políticos en toda Latinoamérica proponen la estrategia de El Salvador como la única vía para combatir el crimen organizado. La receta, sin embargo, incluye arrestos masivos, otorgar poderes excepcionales al Estado, y eliminar los pesos y contrapesos para concentrar el poder.

Políticos como Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador han elogiado la "mano dura" de Bukele. Incluso Donald Trump lo ha llamado "su persona favorita", "un gran aliado", y ha alabado sus cárceles de máxima seguridad.

En 2025, tras un acuerdo con Bukele, la administración Trump envió a decenas de migrantes salvadoreños y venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, la mayoría sin proceso ni condena judicial. Los horrores de las cárceles de El Salvador inundaron las páginas de medios internacionales cuando, finalmente, los migrantes fueron liberados y enviados a Venezuela.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal recogió cientos de testimonios de torturas, abusos sexuales y desapariciones forzadas cometidas en contra de los migrantes durante su estancia en el país centroamericano. Para ese entonces, ya habían más de 3,000 denuncias por violaciones de derechos humanos en las más de 20 cárceles salvadoreñas que no son noticia en el exterior.

Pero los abusos del gobierno de Bukele no iniciaron con el régimen de excepción. Una línea de tiempo construida por FOCOS a partir de testimonios con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes documentó cómo se cerró el espacio cívico en El Salvador: desde la confrontación retórica y deslegitimación inicial, hasta la instauración de una represión estatal institucionalizada.

En 2020 ocurrieron las primeras salidas. Exfuncionarios de distintos partidos, funcionarias de instituciones clave ahora bajo control del oficialismo y una decena de periodistas que, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), decidieron callar su exilio.

Con la llegada del partido de Bukele Nuevas Ideas en 2021, la Asamblea Legislativa dio el tiro de gracia a las últimas instituciones que podían frenarlo: su primera decisión fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, Raúl Melara, quien investigaba presuntos actos de corrupción cometidos por sus funcionarios durante la pandemia.

El engranaje legal también comenzó a afinarse. Los diputados de Bukele aprobaron reformas judiciales para remover o trasladar a jueces incómodos, inducir renuncias y nombrar a abogados afines en tribunales estratégicos, consolidando un sistema de justicia sometido y sin capacidad de contrapeso y allanando el camino hacia el régimen de excepción.

Esta medida llegó en respuesta a una masacre de 87 personas desatada por el rompimiento del pacto del gobierno con las pandillas, según ha documentado exhaustivamente El Faro. Desde hace cuatro años, los salvadoreños mantienen una suspensión de garantías constitucionales que permite detenciones sin orden judicial, procesos judiciales opacos y escuchas telefónicas sin la intervención de un juez.

Según datos oficiales, más de 91,000 salvadoreños han sido detenidos bajo el régimen de excepción, más del 1.4 % de la población. Organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte de 500 personas bajo custodia estatal, más de 400 desapariciones forzadas y más de 800 casos de tortura y malos tratos, que incluyen golpizas, descargas eléctricas, violaciones sexuales, desnudez forzada y violencia psicológica.

Con el régimen, además, regresó la práctica de perseguir y encerrar a opositores políticos y voces críticas, que había quedado atrás con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Un informe de Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos más influyentes en Centroamérica que ha sido perseguida en El Salvador, documentó 245 víctimas de patrones de persecución, hostigamiento y criminalización entre 2019 y 2025. De estas, 86 personas siguen detenidas sin acceso a juicio y sólo siete han sido condenadas en procesos sin garantías mínimas.

El punto de no retorno: mayo 2025

Mayo de 2025 se sintió como un punto de quiebre. Las amenazas de detención contra los periodistas de El Faro, el encarcelamiento de prominentes defensores de derechos humanos, junto con rumores que ya no se podían desestimar, crearon un ambiente de saturación que culminó en un exilio masivo de defensores de derechos humanos, abogados y periodistas.

En audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las organizaciones denunciaron que al menos 130 defensores y periodistas habían salido forzados al exilio.

Más de 80 personas se fueron después de la noche del 18 de mayo, tras la captura de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal y reconocida defensora de derechos humanos, nombrada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC en 2024. Por eso, cuando el Estado decidió ir tras ella, el mensaje era claro: nadie está exento de la represión del régimen.

El 7 de junio se sumó la captura del abogado constitucionalista Enrique Anaya, un férreo crítico del gobierno quien solo dos días antes había expresado en televisión abierta su temor a ser capturado por sus opiniones: "todos los que nos atrevemos a criticar lo hacemos con temor, con miedo".

En ese momento quedó claro que no eran casos aislados: Bukele había empezado la ola represiva más grande desde el fin de la guerra civil.

Un día después de la captura de Anaya, el 8 de junio, la Policía preguntaba a trabajadores agrícolas por un "agitador que genera desorden en las comunidades" de La Unión. Ángel Flores cree que lo buscaban a él. Lo confirmó semanas después.

El 23 de julio, patrullas de la Policía irrumpieron en la localidad de La Lima, en La Unión, por un proceso judicial de desalojo iniciado en el Juzgado de Intipucá. Separaron a mujeres y hombres, y les obligaron a mostrar sus documentos de identidad. En ese grupo estaba Ángel, quien acompañaba una concentración de familias que pedían explicaciones a agentes de la Fiscalía por una inspección sin orden judicial en siete de sus viviendas.

Después de tomar fotos de la multitud, los agentes se detuvieron en Ángel. Le hicieron fotografías a su identificación al revés y derecho, y lo ficharon en una libreta.

Las comunidades de La Lima y El Icacal denunciaron este hecho ante la Fiscalía, acusando a los agentes policiales de la delegación de Intipucá de irrumpir violentamente en la comunidad. Denunciaron también al juez de Paz del distrito por posibles actos arbitrarios contra las familias campesinas.

Pero la respuesta de las autoridades fue investigar a las víctimas. Agentes de la Fiscalía llegaron a Intipucá una semana después, preguntando por Ángel y ocho de sus compañeros de MILPA. Acudieron a la oficina del registro familiar del distrito para consultar información personal como actas de nacimiento, actas de defunción de sus parientes, actas matrimoniales e información sobre patrimonio y bienes.

Pese a que los nueve investigados solicitaron a la Fiscalía conocer si había procesos penales activos en su contra, se les notificó en una constancia emitida el 22 de octubre, que no existía ningún proceso penal contra los líderes comunitarios. Por eso, Ángel sostiene que "la Fiscalía ha solicitado información nuestra sin existir una base legal que la respalde".

FOCOS solicitó postura a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República sobre las denuncias de seguimientos, vigilancia, capturas de defensores comunitarios y posibles irregularidades en investigaciones relacionadas con líderes de MILPA. Al cierre de esta publicación, ninguna de las instituciones respondió a las consultas.

Ángel Flores tiene claro que el régimen de excepción es la principal herramienta de represión estatal contra los defensores en el territorio. La Mesa por el Derecho a Defender Derechos identifica a las personas defensoras de organizaciones de base o territorio como las más agredidas en El Salvador. En 2024 los casos de agresiones contra defensores en el territorio aumentaron hasta un 56 %.

Aún así, ha decidido seguir en el territorio que defiende. Anda los mismos caminos donde se proyecta construir la pista de aterrizaje del Aeropuerto del Pacífico. Sabe que cada reunión de comunidades puede ser —y estará— vigilada y que cada declaración suma un punto en un expediente, una lista negra que no ha visto.

Ángel permanece en las grietas del espacio cívico, sintiendo que su lucha está intrínsecamente ligada a la tierra que protege. "No somos defensores de la naturaleza, somos naturaleza defendiéndose", concluye.

La vuelta de la minería y el costo de la resistencia

Vidalina Morales recuerda bien que oponerse a la minería en El Salvador significa jugarse la vida. Fue en 2004, en Cabañas, en la zona norte de El Salvador, cuando lo descubrió. La empresa canadiense Pacific Rim buscaba explotar el oro del subsuelo, y encontró una resistencia feroz en las comunidades. Entonces comenzaron las presiones, las amenazas y la violencia que culminó en los asesinatos de ambientalistas del Comité Ambiental de Cabañas (CAS), que continúan en la impunidad.

En el año 2009, primero mataron al activista ambiental y líder comunitario Marcelo Rivera, después a Ramiro Rivera. Luego a Dora Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo. Este último crimen marcó a Vidalina para siempre.

"Esos momentos me han marcado mucho mi coraje, mi fuerza", dice Vidalina una mañana de 2025, a 17 años de los asesinatos que siguen impunes. "Esta lucha está manchada con sangre de compañeros que creyeron que la minería traería impactos negativos en la salud, el medio ambiente, en el agua, en la tierra".

Pero ni siquiera la violencia logró detener el movimiento antiminero. Durante años, ADES, junto a organizaciones comunitarias, iglesias y universidades impulsaron una resistencia ciudadana que logró algo inédito: en 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica por su impacto en su estrecho territorio de 21 mil kilómetros cuadrados y en el río Lempa, que cruza el país de norte a sur.

Por eso, cuando Nayib Bukele quiso que su Asamblea Legislativa revirtiera la ley y trajera de vuelta la minería, sabía que encontraría territorios organizados.

Vidalina Morales ha sido la mujer con voz más fuerte en la lucha antiminera. Fue de las primeras en alertar sobre el interés del Gobierno por revivir la minería. Y cuando la Fiscalía capturó a cinco líderes ambientalistas de la comunidad de Santa Marta, ella no dudó en denunciarlo.

La madrugada del 11 de enero de 2023, la Fiscalía controlada por el oficialismo capturó a Teodoro Antonio Pacheco, director de ADES, al asesor jurídico Saúl Agustín Rivas, y a otros tres líderes comunitarios en Santa Marta: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Lainez y Pedro Antonio Rivas. Los acusó de cometer asesinar a una mujer en 1989, cuando eran guerrilleros que combatían contra el Ejército salvadoreño. El proceso, sin embargo, se basó en la declaración de un testigo que negó haber presenciado el crimen, y un cuerpo que tampoco fue encontrado.

Vidalina asumió la vocería de ADES. Encabezó protestas y conferencias de prensa donde declaró que los líderes de Santa Marta fueron criminalizados por defender el medio ambiente.

El 16 de mayo, la relatoría de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos condenó los arrestos como un "intento de intimidar" a los ambientalistas, y exigió su liberación. Al día siguiente, el gobierno de Bukele reaccionó capturando al hijo de Vidalina Morales bajo el régimen de excepción.

"He visto la muerte de Marcelo, he visto la muerte de Ramiro, de la compañera Dora", recuerda. "Pero cuando me capturan a mi hijo fueron las horas más difíciles que he vivido. Lo que pretendían era que dejara de hablar, que me apartara de la lucha".

Veinticuatro horas después de la captura, su hijo fue liberado sin explicación alguna y tras la presión de organismos internacionales. Pero el hostigamiento no paró: Vidalina denunció vigilancia, personas merodeando por la noche en su vivienda, gente no identificada preguntando por ella en las comunidades, en las oficinas de la organización, seguimientos en la calle.

Pero nada de eso la hizo callar. En octubre de 2024, un tribunal absolvió a los cinco ambientalistas de Santa Marta, y la comunidad celebró la decisión, nuevamente, con un discurso de Vidalina.

📷 Fotografía: Ambientalistas Santa Marta

El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque absolvió por unanimidad a cinco líderes antiminería de Santa Marta. Después de 13 meses de arresto, se determinó que la Fiscalía no probó el asesinato de una mujer ocurrido durante la guerra. / Cortesía ADES Santa Marta.

La alegría duró poco. Una Cámara ordenó repetir el juicio mientras, al mismo tiempo, el presidente Bukele pidió a sus diputados revertir la ley que prohibía la minería y confeccionar una que la permitiera. El 23 diciembre de ese año, en la víspera de Noche Buena, la Asamblea oficialista aprobó exprés la nueva norma.

Para Vidalina, ese momento terminó de confirmar lo que sospechaba. "Ahí se desenmascara el verdadero propósito", dice. "La intención era apartar del camino a todas las voces que han estado pronunciándose contra la minería".

Sin embargo, la decisión del gobierno fue impopular. Por primera vez desde que Bukele gobierna, una de sus políticas enfrentó un rechazo mayoritario en las encuestas, con más de un 72 % de los salvadoreños oponiéndose a la minería. Durante los primeros meses de 2025 se organizaron varios plantones ciudadanos para manifestar el descontento. Vidalina los acompañó y luego volvieron las advertencias.

"Justo previo a la captura de Ruth (López), yo había recibido algunas advertencias de gente de confianza. Me advirtieron que era una de las mujeres que estaba en una lista, junto Ruth e Ingrid Escobar (Socorro Jurídico)", cuenta. Desde entonces toma algunas precauciones, aunque no ha dejado de hablar.

En septiembre de 2025, otro tribunal volvió a absolver a los ambientalistas de Santa Marta. Aun así, en la comunidad temen que la Fiscalía intente reabrir el caso una vez más.

FOCOS consultó a la Fiscalía General de la República sobre los fundamentos de las capturas de los líderes ambientalistas de Santa Marta, así como sobre las denuncias de criminalización vinculadas a su oposición a la minería metálica. Hasta el cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.

Irse para sobrevivir

Malcolm Cartagena trabajó por veinte años en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Nunca fue funcionario con poder decisión, pero sí fue formador electoral y, al inicio de su carrera, asesor técnico del entonces magistrado Eugenio Chicas, exmiembro del FMLN y uno de los presos políticos de Nayib Bukele.

Entre los trabajadores del despacho de Chicas estaba también Ruth López, la abogada anticorrupción y defensora de derechos humanos de Cristosal capturada irregularmente el 18 de mayo de 2025. Malcolm la conoce desde hace años, y de ella aprendió casi todo lo que sabe sobre derecho electoral. "Es como mi hermana", dice.

Con su apoyo se volvió formador electoral. Enseñó a cientos de ciudadanos, miembros de juntas receptoras de votos, a policías, a fiscales y a personal de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos cómo debía funcionar, en teoría, una jornada democrática.

📷 Fotografía: Malcolm Cartagena

Malcolm Cartagena trabajó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante más de una década. En esa institución conoció a Ruth López, presa política del régimen de Nayib Bukele. / Cortesía.

Por eso, cuando Bukele impulsó las reformas para cambiar la fórmula con la que se reparten los escaños de la Asamblea Legislativa, reducir el número de diputados y combinar municipios, Malcolm tenía claro que las elecciones de 2024 dejarían un país menos democrático. Y así fue. Las presidenciales de 2024 le concedieron la reelección a Bukele —en contra de lo establecido en la Constitución de la República—, y las elecciones de diputados le dejaron una mayoría casi absoluta en el Congreso, con 54 de 60 diputados.

Junto a Ruth, Malcolm Cartagena fue una de las voces que criticó abiertamente estas reformas por el retroceso que representaban en materia de derechos civiles. Durante el proceso electoral, ambos documentaron las denuncias de fraude presentadas por la oposición, señalaron irregularidades durante el conteo de votos, y ofrecieron su análisis técnico. Todo mientras eran atacados en redes sociales por haber trabajado en el TSE.

Por el grado de las amenazas y la estigmatización, Ruth sabía que la podían capturar. Malcolm recuerda que se lo dijo. Pero ambos reconocían que no había forma: no tenían poder de decisión, de administración de fondos, o de firmar. Su labor había consistido en asesorar, capacitar y explicar procedimientos. Lo hablaron demasiadas veces. Pero Ruth ya había decidido quedarse.

Para él, la respuesta no era tan sencilla: Malcolm padece insuficiencia renal crónica en etapa cinco. Hasta antes de salir de El Salvador, se hacía diálisis peritoneal diaria en casa. El Seguro Social le llevaba los insumos cada mes. Tenía nefrólogo, nutricionista, psicólogo. Pagaba una cuota mensual de apenas $30 USD.

La noche de la captura de Ruth, el primero en enterarse fuera de la familia fue Malcolm. La hija de Ruth lo llamó a las 10:30 p.m., y él atendió creyendo que necesitaba ayuda para reparar su computadora. Cuando supo lo que había pasado, tenía la certeza de que esa noche llegarían por él. No pudo dormir.

Un mes después, el 25 de junio, tres policías armados tocaron su puerta. Dijeron que realizaban un censo. Preguntaron cuántas personas vivían en la casa, si tenía internet, si tenía vehículo; sin embargo, anotaban en una hoja suelta. El vehículo en el que se movían no tenía placas. Y en El Salvador los censos no los hace la Policía.

Malcolm dice que sólo visitaron su casa en todo el pasaje. Más tarde regresaron y preguntaron a los vecinos cuántas personas vivían allí. El mismo libreto ya había aparecido en otras casas de defensores y opositores: preguntas vagas, presencia intimidante, y semanas después, una captura. Malcolm entendió el mensaje.

Salió del país sin hacerse diálisis durante tres días. Cuando llegó a su destino, los médicos lo ingresaron de inmediato: tenía los pulmones llenos de líquido. Pasó tres días hospitalizado.

FOCOS solicitó comentarios a la Secretaría de Prensa de la Presidencia sobre las denuncias de hostigamiento contra voces críticas del sistema electoral. Al cierre de esta publicación, no se recibió respuesta.

Malcolm se llama a sí mismo exiliado del régimen. No tiene un proceso penal abierto, no enfrenta una sentencia, y aun así no puede volver. Él sabe cómo El Salvador llegó a este punto. Lo ha estudiado. En El Salvador se torcieron las reglas electorales, se cerraron espacios, se persiguió a críticos. Sabe que las dictaduras no empiezan con grandes proclamaciones; empiezan con ajustes técnicos, con reformas discretas. De esas que él tanto ha tratado de explicar.

La carrera del desgaste

La captura de Ruth López es un episodio visible de una historia más larga.

En octubre de 2020, durante una cadena nacional, Nayib Bukele mencionó por primera vez a Cristosal. Acusó a la organización y a Tutela Legal "María Julia Hernández" —defensores de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote en el proceso penal contra más de una docena de militares retirados—, de ser "grupos fachada" del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de oposición fundado por los excombatientes de la guerrilla tras los Acuerdos de Paz de 1992.

Cristosal operaba en El Salvador desde mucho antes de la llegada de Bukele al poder. En 2014, se dedicaba a la atención a personas desplazadas por la violencia de las pandillas, llegando a documentar más de 1,000 casos entre 2017 y 2018. Presentaron leyes y crearon mecanismos para proteger a víctimas de desplazamiento forzado interno, un fenómeno que el gobierno de ese momento, el del FMLN, se rehusaba a reconocer.

La tensión con los gobiernos de turno era habitual, pero en la administración de Nayib Bukele fue cuando el Estado comenzó a perseguirlos. El punto de ruptura fue el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele se tomó la Asamblea Legislativa con militares, asegura Abraham Ábrego, defensor de derechos humanos desde hace tres décadas y actual jefe de Litigio Estratégico de Cristosal.

Antes de esa fecha, sostenían reuniones con funcionarios de Casa Presidencial. Pero después de participar en una conferencia rechazando la acción militar de Bukele, fueron vetados de cualquier espacio de diálogo con el Gobierno. "A partir de ahí empezó un discurso contra oenegés y no nos volvimos a reunir con ellos", asegura Ábrego.

📷 Foto: Abraham Ábrego junto a familia de Ruth López

Fue durante la pandemia del COVID-19 que Cristosal decidió ampliar su línea estratégica e incluir en su marco de actuación el registro de violaciones de derechos humanos y la lucha anticorrupción. "Nos dimos cuenta de que era otro estilo de gobierno, uno de carácter autoritario", afirma Ábrego.

Un estudio presentado por una decena de organizaciones salvadoreñas en 2023, encontró que en El Salvador existen graves transgresiones a los derechos a la asociación, a la participación y a la libertad de expresión. El informe detalla que 71 organizaciones habían denunciado acoso policial y militar a sus miembros y obstáculos a espacios de reunión.

Desde 2021 comenzó la presión administrativa contra Cristosal. El Ministerio de Hacienda inició una auditoría exhaustiva sobre las cuentas de la organización desde 2019. Aunque la administración entregó toda la documentación solicitada, en diciembre el gobierno retiró una exención fiscal que había tenido durante años. La decisión llegó en la víspera de Navidad, cuando las instituciones públicas estaban a punto de cerrar por vacaciones.

Cristosal presentó recursos legales y los tribunales se declararon incompetentes para resolver. El proceso quedó atrapado en un laberinto administrativo mientras la organización invertía tiempo y recursos en responder.

Cuando detuvieron a Ruth López, el terreno ya estaba preparado. Auditorías, requerimientos, cuestionamientos contables, estigmatización pública que los señalaba de "defender a pandilleros". Cada acción por sí sola parecía un procedimiento legal de rutina, pero en conjunto, iban estrechando el margen de operación de Cristosal y el resto de organizaciones de la sociedad civil.

El 28 de abril de 2025, mientras Cristosal desarrollaba una conferencia de prensa junto a Kerry Kennedy, presidenta de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights, agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron a las oficinas de la organización en San Salvador. No hablaron con nadie, solo caminaron por las instalaciones, tomando fotografías de los vehículos y las oficinas.

Hasta la captura de Ruth, Cristosal no se había planteado su salida de El Salvador. "Cuando comenzaron en mayo las capturas contra transportistas, contra los ambientalistas de la Cooperativa El Bosque, comenzamos a ver la cosa más complicada", asegura Ábrego. "Pero todavía no teníamos la decisión de salir. Fue hasta después que capturaron a Ruth".

FOCOS consultó a la Policía Nacional Civil y a la Secretaría de Prensa de la Presidencia sobre las auditorías, inspecciones policiales y señalamientos públicos contra Cristosal, así como sobre las denuncias de persecución contra sus integrantes. Al cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta oficial.

El 17 de julio de 2025, Cristosal anunció el cierre de su oficina en San Salvador y el traslado de su operación a Guatemala. Después de años de presión constante, el margen para trabajar dentro del país se había vuelto inhabitable.

La decisión de la oenegé fue una respuesta a la escalada de criminalización en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), aprobada por la Asamblea Legislativa a petición de Nayib Bukele el 20 de mayo de 2025.

La Ley de Agentes Extranjeros impone dos requisitos principales a las organizaciones sociales que reciben fondos o donaciones del extranjero: establece un impuesto del 30% sobre dichos fondos; y exige la inscripción en un nuevo registro. Este registro cuenta con amplias facultades para determinar qué tipo de actividades pueden ejercer en el país.

Además de Cristosal, otras organizaciones de la sociedad civil han anunciado su disolución o salida de El Salvador. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) anunciaron a finales de 2025 su disolución después de décadas de trabajo.

Mientras la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la principal gremial de periodistas del país, anunció su salida de El Salvador señalando que las actuales condiciones políticas impiden continuar con su labor.

Organizaciones ambientalistas como la Asociación Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador) han cerrado operaciones de forma permanente tras la escalada de persecución y criminalización en 2025.

"Me fui para poder seguir hablando"

Angélica Cárcamo no salió huyendo de El Salvador, salió por prevención. La expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cofundadora del medio independiente Infodemia y actual directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) lleva casi un año fuera del país. Cuando se fue, a finales de mayo de 2025, no pensaba quedarse. Empacó para dos semanas.

"Yo no quería irme", dice. Pero en esos días se intensificaron las alertas: habían capturado a la abogada y activista anticorrupción Ruth López, a líderes comunitarios y ambientalistas, y frente a su casa, la presencia policial dejó de parecer una rutina. Empezó a sentirse como advertencia de lo que seguía.

La decisión fue calculada: salir antes de que tocaran la puerta. Una medida preventiva. El plan era regresar a mediados de junio, pero en esos días detuvieron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, férreo crítico del oficialismo. Entonces entendió que volver ya no era una opción segura.

Desde APES habían visto el cambio de tendencia con datos en mano: entre 2020 y 2022 el Estado pasó a encabezar las agresiones contra periodistas, desplazando a pandilleros y al crimen organizado, según registros de la asociación. Las denuncias incluyen restricciones en conferencias de prensa, bloqueos de acceso a la información pública y campañas de estigmatización. Angélica fue una de las voces más visibles en esas denuncias.

La APES ha mantenido una postura crítica frente a distintos gobiernos. Sin embargo, según Cárcamo, el contexto actual se caracteriza por una mayor concentración de poder y un entorno mediático marcado por el temor y la autocensura.

El informe "La curva del silencio", elaborado por la APES, documenta que al menos 43 periodistas salieron del país entre marzo y junio de 2025, en lo que constituye un fenómeno sin precedentes en décadas recientes.

El punto más crítico ocurrió en mayo, cuando 31 periodistas abandonaron El Salvador en un solo mes, "prácticamente uno por día", según el informe.

La mayoría no salió por amenazas directas consumadas, sino por anticipación: más del 85 % de los casos reportados señala que la decisión estuvo motivada por el temor a una posible orden de captura.

Además, el perfil del exilio revela una pérdida significativa para el ecosistema informativo: más del 60 % de quienes se fueron eran periodistas con más de una década de experiencia y carreras consolidadas en medios, en su mayoría digitales e independientes.

Hasta noviembre de 2025, al menos 53 periodistas salvadoreños habían salido del país, según datos de la Red Centroamericana de Periodistas. La cifra ya sube a 59 al cierre de esta investigación. Este grupo incluye a periodistas de medios escritos, digitales y comunitarios.

📷 Fotografía: Angélica Cárcamo

Angélica Cárcamo, actual directora de la Red Centroamericana de Periodistas, salió del país tras las capturas de defensores de derechos humanos en mayo de 2025. Al menos 59 periodistas han dejado El Salvador en casi un año. / RCP.

A este contexto se suman nuevas restricciones legales. La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Legislativa, establece un impuesto del 30 % a fondos de cooperación internacional, multas de hasta $250,000 USD y limitaciones para que organizaciones aborden temas políticos. Este fue un golpe directo a los medios que dependían de donaciones o financiamiento extranjero para operar en el país. "No es una ley para todas las organizaciones. Tiene destinatarios claros", sostiene Angélica.

El impacto ya es visible. La mayoría de periodistas que han salido del país emigró de forma regular a la región, y algunos han iniciado trámites formales de refugio. Además, medios como FOCOS y la Revista GatoEncerrado han cesado sus operaciones en El Salvador, trasladándose a Costa Rica.

FOCOS consultó a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y a la Policía Nacional Civil sobre las denuncias documentadas por organizaciones de periodistas respecto a agresiones, hostigamiento y limitaciones al ejercicio de la prensa. En reiteradas ocasiones, el Gobierno ha rechazado estos señalamientos y ha afirmado que en El Salvador existe plena libertad de expresión. Al cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.

Angélica ha dado seguimiento a todos estos casos. Ha recibido llamadas de madrugada, de noche o de día. Periodistas que piden ayuda para salir después de recibir amenazas, o de ser vigilados por la policía en sus casas. Otros le han escrito porque necesitan atención psicológica urgente, por el duelo no resuelto de haber dejado su país, sus hijos, sus parejas, sus mascotas. Y con ellos, Angélica revive su propio duelo.

Por eso, la palabra "exilio" tardó en instalarse. Dice que fue hasta finales de 2025 cuando cayó en cuenta de que no era una pausa. El golpe más fuerte, dice, no fue el día que se fue. Fue el día que entendió que no podía volver.

Angélica siente a veces culpa. Hay periodistas y defensores que todavía permanecen en El Salvador. Algunos están expuestos en zonas rurales. Ruth López está presa. Ella, en cambio, está libre y fuera, y esa libertad también le resulta una carga pesada.

Se pregunta si hizo lo correcto. Luego recuerda una frase que alguien le dijo antes de salir:

Sindicalismo bajo castigo

Durante más de dos décadas, Sonia Viñerta acompañó a mujeres víctimas de violencia desde el Estado. Hoy, es una de las cientos de trabajadoras públicas despedidas en un contexto que organizaciones laborales describen como un retroceso en la libertad sindical en El Salvador.

Sonia es sindicalista, integrante del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y extrabajadora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), una de las pocas instituciones estatales enfocadas en la atención a mujeres víctimas de violencia, que ha sido debilitada en el gobierno de Bukele.

Durante 26 años trabajó con comunidades empobrecidas, empleadas públicas y trabajadoras del campo. En ese tiempo, fundó la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del ISDEMU, uno de los más de 50 sindicatos que han desaparecido bajo la gestión de Nayib Bukele.

Su caso no es aislado. En la primera administración de Nayib Bukele, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció más de 21,000 despidos de empleados públicos por supresión de plazas y cierre de instituciones estatales.

La Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) reporta que al menos 60 sindicatos fueron desarticulados y que cientos más han enfrentado amenazas. Según esta organización, al menos 500 dirigentes sindicales han sido despedidos desde la llegada de Bukele, entre ellos Sonia Viñerta.

📷 Fotografía: Sonia Viñerta

Sonia Viñerta se manifiesta junto a trabajadores organizados que han sido despedidos sin seguir el debido proceso. / Cortesía.

La presión no se limitó a los despidos. En 2022, tras la implementación del régimen de excepción vigente, comenzaron las capturas en contra de sindicalistas. El 28 de abril de ese año, previo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, amenazó con aplicar el régimen a quienes participaran en marchas. Los calificó como "terroristas".

Sonia Viñerta salió a marchar ese y los tres años siguientes. También continúa brindando declaraciones públicas, pese a advertencias que se sienten cada vez más cerca. Antes de ser despedida, un asesor de la jefatura de ISDEMU le advirtió: "deje de dar entrevistas, deje de salir en los medios". No lo hizo.

Entre mayo y julio de 2024, denunció públicamente despidos de mujeres embarazadas en el sistema de salud junto a otros sindicatos. El 23 de diciembre de 2024 despidieron a 104 trabajadores del ISDEMU. 101 eran mujeres y Sonia estaba entre ellas.

"Yo sabía que tarde o temprano iba a pasar, pero igual duele", asegura. Desde entonces vive con una pensión mínima y con las consecuencias del desgaste. Dice que ha desarrollado diabetes. Ha tenido episodios depresivos. Ha tenido que buscar atención psicológica.

El golpe más fuerte, sin embargo, no fue perder el empleo. Fue el estigma. "Te llaman ladrona, enemiga del país".

Ese título, dice, suena mucho más desde que acudió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar violaciones a la libertad sindical y despidos en el sector público. Su confederación es una de las pocas que ha mantenido activas estas denuncias a nivel internacional.

La dirigente sindical participó en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, donde expuso la situación laboral del país ante representantes de distintos Estados y organizaciones sindicales. "Tuve cinco minutos de gloria horribles", dice. "Les digo horribles porque hablar de la problemática sindical en cinco minutos, es imposible".

En su intervención denunció que ha sido despedida de su cargo y que enfrenta impedimentos para ejercer funciones sindicales. Habló sobre los 19 sindicalistas detenidos de manera arbitraria durante el régimen de excepción. Uno de ellos, Leonidas Bonilla, falleció en custodia del Estado el 3 de septiembre de 2022, y su cuerpo presentaba señales de tortura según denunciaron sus familiares.

FOCOS solicitó postura al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia sobre los despidos de personal, las denuncias de afectaciones a la libertad sindical y los señalamientos de persecución contra dirigentes gremiales. Hasta el cierre de esta publicación, no se recibió respuesta.

Sonia afirma que, pese a los intentos del Gobierno por retirar o debilitar las denuncias de los sindicatos, El Salvador se mantiene bajo observación en la Comisión de Normas de la OIT debido a los señalamientos presentados por organizaciones laborales y sus aliados internacionales.

Añadió que han continuado enviando documentación y pruebas sobre el incumplimiento de convenios internacionales en materia laboral, con el objetivo de evidenciar ante instancias internacionales la situación de los derechos de los trabajadores que, insiste, son también derechos humanos.

Sonia dice que el país vive un retroceso, pero también cree —o quiere creer— que hay grietas. Habla de redes sociales, de gente que empieza a hablar. De indignación.

Pero casi nadie se anima, ni siquiera dentro del movimiento sindical, a seguir denunciando. "El problema no es lo que se piensa", dice. "Es dar la cara".

"En las marchas siempre son las mismas caras", insiste. Pero aún así, siguen.

El brazo del régimen cruzó las fronteras

Lo que comenzó como un viaje de incidencia internacional terminó convirtiéndose en un caso de persecución que, según organismos internacionales, ejemplifica la expansión de la represión más allá de las fronteras salvadoreñas.

Ivania Cruz no salió de El Salvador con la intención de exiliarse. En noviembre de 2024 viajó a Europa con una agenda definida: denunciar ante parlamentarios y organizaciones de derechos humanos las consecuencias del régimen de excepción, incluyendo capturas masivas, falta de garantías procesales y afectaciones a comunidades enteras. Su retorno estaba previsto para el 3 de marzo de 2025.

Nunca ocurrió. El 25 de febrero, mientras se encontraba fuera del país, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de captura en su contra y allanó su vivienda y las oficinas de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), organización que integra.

UNIDEHC agrupa a abogados independientes y líderes comunitarios que inicialmente acompañaban a personas desplazadas por demandas de desalojo y despidos arbitrarios; pero desde 2022, comenzaron a documentar y defender a personas detenidas bajo el régimen de excepción.

Según denunció Ivania, el día del operativo, su madre estaba sola en su casa, junto a su hijo menor de edad. Agentes de la Policía Nacional Civil y la FGR derribaron dos puertas metálicas sin mostrar ninguna orden judicial, según muestran las cámaras que Ivania tenía instaladas en su sala.

Apuntaron con un arma a una mujer con enfermedades crónicas y le exigieron el celular. Revisaron la casa antes de que llegara el abogado. Una hora después enseñaron un documento que ni siquiera mencionaba el nombre de su madre ni el de Ivania. Buscaban a Rudy Joya, dijeron.

Ese mismo día, autoridades también capturaron a integrantes de UNIDEHC y a líderes comunitarios vinculados al caso de la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, donde la organización había acompañado denuncias por intentos de desalojo de más de 200 familias.

El primer detenido fue Fidel Zavala, quien se había sumado a la organización tras haber sido capturado durante el régimen de excepción. Amnistía Internacional ha señalado que su vida corre peligro al interior de las cárceles, debido a que denunció ante la Fiscalía a los custodios y al director de Centros Penales, Osiris Luna, por las torturas que vivió en las cárceles del régimen.

La explicación de las autoridades sobre este caso es limitada. La Fiscalía ha señalado a Zavala, a Ivania Cruz y a su colega Rudy Joya por delitos como agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones, acusándolos de liderar una supuesta estructura criminal. "Este es un caso diseñado para silenciarnos", asegura Ivania.

La abogada lo vio todo desde lejos, a través de las cámaras instaladas previamente en su casa y oficina. Desde 2021, asegura, había documentado vigilancia constante: vehículos estacionados durante horas frente a su casa, personas durmiendo dentro de carros con placas vinculadas a empresas inexistentes y policías tomando nota de sus movimientos.

Fuentes fiscales le habían confirmado que las autoridades habían levantado expedientes con fotografías descargadas de redes sociales. Estaban preparados para el seguimiento: habían aprendido a moverse, a no dormir siempre en el mismo lugar, a repartirse entre varias personas los documentos sensibles. Pero esa tarde, desde otro continente, mirar no servía de nada.

Ante la orden de captura, regresar al país implicaba, según Cruz, una detención inmediata. "No fue una decisión heroica, fue la única posible", afirma.

Mientras, su familia seguía en El Salvador. Su madre fue advertida sobre posibles cargos por obstrucción durante el allanamiento, lo que posteriormente la llevó también a salir del país. Sin embargo, la salida no detuvo la persecución.

Al no presentarse a los tribunales en El Salvador, el juzgado solicitó alerta roja a la Policía Internacional (INTERPOL). Y aunque la Fiscalía envió la acusación sin el expediente completo, las autoridades transnacionales emitieron la alerta. La policía española citó a Rudy Joya. Lo detuvieron más de 30 horas mientras la Audiencia Nacional evaluaba la solicitud. Ivania se presentó voluntariamente al día siguiente, y fue detenida.

Ambos abogados salieron con medidas cautelares como la entrega de pasaportes, una firma quincenal en un juzgado y restricción de movilidad. Organismos internacionales comenzaron a observar el caso. Naciones Unidas habló de represión transnacional: persecución que cruza fronteras y el uso de mecanismos internacionales para intimidar o forzar retornos. Amnistía Internacional también acompañó el proceso.

De acuerdo con una comunicación enviada en noviembre de 2025 por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y otros expertos, el proceso contra Cruz y Joya presenta indicios de criminalización vinculada a su labor de defensa.

La alerta de INTERPOL fue retirada en diciembre de 2025, y el Gobierno de España admitió la solicitud de asilo en favor de ambos hasta el pasado 3 de marzo de 2026; sin embargo, el proceso penal en El Salvador continúa.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado prorrogó por seis meses la fase de instrucción del caso, programando así una posible audiencia para marzo de 2026 lo que mantiene el riesgo de una posible extradición contra los defensores.

Su caso, señala, se ha convertido en un precedente legal para la nueva generación de exiliados salvadoreños. "Ahora ya hay un antecedente jurídico a favor de la protección. (La persecución) no le funcionó, al menos en el Estado español", asegura.

Los expulsados de El Salvador tienen cada vez menos opciones para refugiarse. El endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos tras la llegada de Trump ha provocado que las Cortes de Inmigración rechacen los casos de asilo con más frecuencia. Durante 2025, un 71% de las solicitudes de asilo presentadas ante un juez fueron denegadas, según datos oficiales del Departamento de Justicia.

Costa Rica, un país que hasta hace algunos años contaba con una fuerte tradición de protección internacional y refugio en Centroamérica, también ha endurecido sus políticas migratorias, recortando fondos destinados a su sistema de asilo en un 41 %. La decisión afectó, sobre todo, a los desplazados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua.

A esto se suma el respaldo político de países como Estados Unidos y Costa Rica al gobierno de Nayib Bukele. "No te va a proteger un estado que esté aliado a Bukele, que avale sus políticas. Al contrario. En Estados Unidos están rechazando las visas, los asilos a los exiliados que han llegado allá", advierte Ivania.

Esta redacción consultó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia sobre las órdenes de captura, los allanamientos en contra de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Al cierre de esta publicación, ninguna de las instituciones respondió a las consultas.

Desde Euskadi, lejos de San Salvador pero aún pendiente de los procesos penales contra UNIDEHC y las decenas de casos que acompañan, continúa con su trabajo: hablar, denunciar, documentar el país que tuvo que dejar.